La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético apoya la denuncia de ICV contra las eléctricas por manipulación en el precio de la luz

MADRID, ESPAÑA// Tras anularse la subasta que hubiera hecho subir la tarifa de la luz un 11%, Iniciativa per Catalunya – Verds (ICV) ha denunciado al sector ante el Fiscal General del Estado por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y el de subastas y concursos públicos. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) se suma a la denuncia de ICV, que firman los diputados Laia Ortiz y Joan Coscubiela, y que considera que concurren dos elementos esenciales para imputar este tipo de delitos: el engaño y la utilización de información privilegiada.

El delito de engaño se basa en «los hechos que han motivado la elevación exponencial del precio de la energía» y el consiguiente delito de maquinación para alterar el precio de las cosas recogido en el artículo 284 del Código Penal. También recurren al artículo 262, que se refiere a la alteración de precios en subastas y concursos públicos.

En cuanto al delito de utilización de información privilegiada, la denuncia recoge que «más del 80% de la oferta y la demanda de electricidad está controlada por tres grandes grupos de sociedades o compañías eléctricas». Además, destaca que después de que el Gobierno se negase a financiar el déficit de tarifa de 3.600 millones sobrevenido en el 2013 a través de los Presupuestos Generales del Estado, el regulador detectó «circunstancias atípicas» en la subasta, que le llevaron a invalidarla.

En su escrito de denuncia, ICV entiende que las compañías generadoras de electricidad pudieron condicionar su precio «reteniendo agua, parando centrales (eólicas o nucleares) y pactando precios». De hecho, durante esos días marcaron los precios esencialmente las tecnologías más caras, esencialmente los ciclos combinados. Por todo ello, la denuncia concluye solicitando que se incoen diligencias pre-procesales para «la investigación de los hechos, la fijación o determinación de los responsables y la responsabilidad penal que se deriva de lo anterior».