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Greenpeace pide un gran debate político sobre el futuro de la energía nuclear



MADRID, ESPAÑA ⁄  ⁄Tras conocer el resumen ejecutivo del informe Comisión de Expertos de Transición Energética: Análisis y propuestas para la descarbonización, y a la espera de analizar el informe completo, Greenpeace coincide con los expertos en que el carbón no tiene lugar en un sistema energético sostenible. También está de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo gran cantidad de reformas de calado, como el fin del “impuesto al sol”, imprescindibles para la transición hacia un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente. Sin embargo, considera fundamental abordar también el fin de la energía nuclear.

Aunque Greenpeace ha demostrado la viabilidad técnica del cierre simultáneo para 2025 de todas las centrales de carbón y nucleares, conclusión con la que coincide el informe del Observatorio Crítico de la Energía con diferente metodología, la Comisión de expertos deja sin resolver la incógnita nuclear, lo que confirma la necesidad ineludible de una decisión política sobre el cierre nuclear.

“La gran decisión política que hay que tomar, sobre la base de los informes técnicos disponibles, es si cerrar las nucleares a la vez que el carbón o alargarles la vida. Las diferencias de coste entre una y otra opción no justifican asumir el riesgo de mantener en funcionamiento centrales nucleares viejas y peligrosas. Ni el carbón ni la energía nuclear tienen cabida en la transición energética”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable del programa de Cambio Climático de Greenpeace España.

Greenpeace destaca que los expertos consideran en un “análisis a 2050” que “el mix energético estará dominado por las energías renovables”, que “podrían suministrar la práctica totalidad de la generación eléctrica” (Greenpeace demostró ya en 2011 la viabilidad técnica y económica de un sistema energético, no solo eléctrico, eficiente, inteligente y 100% renovable). Esta importante conclusión despeja el horizonte de largo plazo y concentra el debate en la transición en el corto plazo (2025-2030), en el que Greenpeace considera que España no puede perder la oportunidad histórica de decidir un cierre simultáneo de las dos tecnologías eléctricas más problemáticas en términos de seguridad y cambio climático (nuclear y carbón), evitando así riesgos y retrasos innecesarios para alcanzar un sistema energético respetuoso con el medio ambiente y las personas.

La diferencia entre el informe de la Comisión de Expertos y el de Greenpeace sobre el abandono simultáneo de carbón y nuclear no es técnica, pues ambos concluyen que el impacto en emisiones entraría dentro de los límites que se deben cumplir en 2030 y que el coste no es decisivo, sino que se trata de una decisión política. Greenpeace considera que no es necesario asumir el riesgo nuclear cuando existen soluciones mejores, algunas de las cuales ya están contempladas en el mismo estudio de la Comisión de Expertos. Según el estudio de Greenpeace, las emisiones de CO2 en un escenario sin carbón y nuclear en 2030 (en año medio) serían de entre 14 y 16 millones de toneladas métricas (MTm), mientras que los escenarios de referencia de la Comisión de Expertos tienen un rango de emisiones de entre 12,5 y 16,2 MTm, a pesar de mantener las nucleares y prescindir solo parcialmente del carbón.

Sin embargo, una vez que se considera cómo alcanzar un sistema 100% renovable para 2050, sí se evidencia que la energía nuclear es una clara barrera para la entrada adicional de energías renovables y para la reducción de la demanda por lo que su cierre definitivo, junto al carbón, es clave para conseguir el objetivo de la forma más eficiente y efectiva posible. Greenpeace ha demostrado en su informe como la inflexibilidad de la energía nuclear supone un peor aprovechamiento de la producción de energías renovables en sistemas de alta penetración de energías limpias, algo en lo que coincide el informe de la Comisión de Expertos.

En cuanto a las renovables, Greenpeace advierte que los escenarios analizados por la Comisión de Expertos no cumplen el objetivo de renovables propuesto por el Parlamento Europeo.

Por otro lado, en la mayoría de las cuestiones analizadas, Greenpeace ha encontrado importantes coincidencias con la Comisión de Expertos. Entre ellas, Greenpeace destaca cómo la misma Comisión asume lo que desde hace muchos años defiende la organización ecologista: un sistema renovable, eficiente, inteligente y manos de la gente. En especial, la organización destaca estas claves para la transición energética expresadas por la Comisión:

Es imprescindible hacer un esfuerzo para reducir la demanda final de energía.

Una mayor introducción de renovables produciría una reducción muy significativa de los costes de generación.

Los consumidores han de tener un papel central: en caso de disponer de las señales adecuadas de precios o regulatorias que permitan reducir la demanda de servicios energéticos mediante cambios de comportamiento, pueden lograr una mayor reducción de emisiones y facilitar el cumplimiento de objetivos de ahorro energético, así como aumentar la participación de renovables.

La electrificación de la demanda final es clave para aumentar la penetración de renovables y configurar un sistema energético flexible.

Es necesario abordar una transición justa, con la elaboración de planes estratégicos para proteger a las comunidades afectadas por los cierres de instalaciones.

Otras conclusiones y propuestas destacables, que deberían trasladarse sin dilación a la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética y a los planes y normativas, incluyen:

Se necesita un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos.

Se propone una reforma fiscal energético-ambiental que grave el CO2 y emisiones contaminantes (SO2, NOx, partículas). Greenpeace considera que también deben gravarse las emisiones de radiactividad y la generación de residuos radiactivos. Con estos recargos, aplicados a todas las instalaciones de generación emisoras y a los consumos directos de combustibles, se financiarían las renovables del pasado (las del futuro probablemente no lo necesiten). Es importante ajustar la fiscalidad para evitar beneficios sobrevenidos a las nucleares e hidroeléctricas existentes.

El escenario de menos emisiones se obtiene con un precio al CO2 de 50 €/Tm

Las subastas de capacidad firme y flexible deben abrirse a instalaciones de generación, consumo y almacenamiento.

Se debe mantener la prioridad de despacho a igualdad de coste para instalaciones renovables.

Los nuevos recursos flexibles (renovables, almacenamiento y demanda) deberán participar en los servicios de ajuste.

Es necesario el desarrollo de una regulación específica de la generación distribuida, incluyendo los mecanismos de agregación que faciliten la participación en los servicios de balance del sistema eléctrico.

Se ha de facilitar el autoconsumo compartido y suprimir el “impuesto al sol”.

Para facilitar una transición eficiente a vehículos con energías alternativas (Greenpeace considera que deben ser eléctricos con renovables), se ha de incrementar el tipo aplicable al gasóleo (extendiendo la señal ambiental a los impuestos locales – IVTM) y financiar renovables eléctricas más que mezclar biocombustibles.

Debe someterse a fiscalidad ambiental las emisiones de los buques en los puertos y el transporte aéreo.

Es necesario concretar la normativa de los edificios de consumo casi nulo.

La descarbonización de la edificación debe provenir de reducir el consumo y de la electrificación, de la mano del autoconsumo eléctrico y la introducción de renovables.

Las instalaciones renovables térmicas deben poder participar y ser retribuidas por los servicios que presten al sector eléctrico, en igualdad con otras alternativas.

Las redes de distribución eléctrica tendrán que pasar a ser bidireccionales como consecuencia del desarrollo de la generación distribuida y el autoconsumo.



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