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14 Inversores extranjeros inician un arbitraje contra España por los cambios ilegales en la tarifa fotovoltaica



LONDRES, INGLATERRA// Catorce fondos de inversión institucionales y compañías energéticas han presentado hoy una demanda para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el  Estado  Español. En dicho arbitraje, reclamarán indemnizaciones por importe de cientos de millones de euros como consecuencia de los recortes retroactivos que, en diciembre de 2010, el Gobierno impuso a las tarifas que perciben las instalaciones de energía solar fotovoltaica.

La demanda presentada se sustenta en el Tratado sobre la Carta de la Energía, un tratado internacional multilateral de inversión diseñado para proteger las inversiones energéticas a largo plazo.  Es la segunda vez en la historia que el Tratado sobre la Carta de la Energía se invoca contra un país de Europa occidental, ya que, hasta ahora, la mayoría de las reclamaciones se habían dirigido contra los países que formaban el antiguo bloque comunista.

La mayoría de los catorce demandantes son inversores institucionales y compañías energéticas comprometidos con las energías renovables y cuyo capital procede de fondos de pensiones y de ahorradores particulares de todo el  mundo. Estos fondos de pensiones garantizan la jubilación de millones de trabajadores en Europa y en el resto del mundo.

Los fondos y compañías demandantes invirtieron en España confiando en el mantenimiento de unos ingresos estables a lo largo del tiempo, algo a lo que se comprometió el Gobierno Español al establecer una retribución regulada para las energías renovables. Sin embargo, en diciembre de 2010, una vez que los demandantes ya habían invertido aproximadamente 2.000 millones de euros para desarrollar sus plantas solares fotovoltaicas, España recortó drásticamente las tarifas reconocidas a las instalaciones solares fotovoltaicas. Los inversores son titulares de plantas solares fotovoltaicas que en su conjunto suman un total de 270 Megavatios de capacidad instalada.

Los inversores están  representados por el despacho de abogados Allen & Overy LLP, especialista en procedimientos de arbitraje relacionados con el Tratado sobre la Carta de la Energía. Según Stephen Jagusch, socio director de la práctica de arbitraje internacional de Allen & Overy LLP: “A medida que los países buscan depender más de las energías renovables, es fundamental que los estados aseguren la certidumbre y la estabilidad a largo plazo de sus sistemas de incentivos a la inversión. Sin dicha estabilidad, los estados no serían capaces de atraer los cientos de miles de millones de euros necesarios de inversión. El tratado sobre la Carta de la Energía se aprobó para proteger a los inversores de cambios ilegales de los marcos jurídicos aplicables a las inversiones. La decisión de España de cambiar de forma injusta el marco jurídico aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas constituye una violación del Tratado sobre la Carta de la Energía que da derecho a nuestros clientes a ser restituidos o indemnizados”.

El Sr. Jagusch añadió: “En 2007, España puso en marcha un régimen de tarifas reguladas que fue específicamente diseñado para atraer las inversiones en el sector solar fotovoltaico. Gracias a ese régimen tarifario y a inversores como nuestros clientes, España posee a día de hoy uno de los parques de generación fotovoltaica más modernos del mundo. Sin embargo, ahora que España se ha beneficiado de las inversiones de nuestros clientes, ha decidido desactivar el sistema de tarifa regulada. En resumen, España indujo a nuestros clientes a invertir miles de millones de euros en el sector fotovoltaico, y una vez que obtuvo el beneficio de tales inversiones, incumplió su parte del trato”.

La demanda de arbitraje de los inversores es continuación al ofrecimiento previo que los inversores hicieron, en marzo de 2011, para negociar una solución amistosa a la controversia. Después de que el Gobierno Español rehusase adoptar una solución por vía de un cambio legislativo en marzo de 2011, los inversores vieron claro que su única opción era emprender acciones legales. Posteriormente, el actual Gobierno socialista, en una reunión mantenida en junio de 2011, rechazó la solicitud de los inversores de llegar a una solución pactada a la controversia. “Nuestros clientes querían evitar emprender acciones legales, pero el actual gobierno no les ha dejado otra opción. Ahora esperan que un nuevo gobierno que se forme tras las elecciones del próximo fin de semana restablezca su confianza en España” señala el Sr. Jagusch.

La decisión de los inversores de iniciar un procedimiento de arbitraje internacional se suma a la condena a los cambios retroactivos que ha expresado la Comisión Europea, a través de las cartas redactadas por los Comisarios Europeos de Energía y Cambio Climático D. Günther Oettinger y Dña. Connie Hedegaard, respectivamente. Señala el Sr. Jagusch que “Este es un caso muy relevante no sólo para España, sino para todos los inversores en el sector de la energía renovable en Europa en sentido amplio. La energía renovable se encuentra en el corazón de la política energética europea. Si la Unión Europea quiere alcanzar sus objetivos de energía renovable necesitará que se inviertan, aproximadamente, un billón de euros en los próximos 10 o 20 años. Para que este escenario de inversión sea posible, los Estados Miembros de la Unión Europea necesitan dotar de un marco legal y regulatorio estable a los inversores”.

El grupo de inversores internacionales que participan en esta acción de arbitraje está formado entre otros por: AES Solar, Ampere Equity Fund, HgCapital, Element Power, Impax Asset Management, KGAL GmbH & Co KG, NIBC European Infrastructure Fund, Whiteowl Capital, Eoxis, MPC Capital, MEIF Luxembourg Renewables. Estos inversores gestionan conjuntamente más de 30.000 millones de dólares por cuenta de más de 70 fondos de pensiones y otros ahorradores institucionales o particulares que, a su vez, son responsables de la gestión de más de 3 billones de dólares invertidos en activos en todo el mundo. Los demandantes están fuertemente comprometidos a continuar invirtiendo en España, siempre y cuando, se les devuelva la confianza en el respeto a sus inversiones.



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