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La Comisión Europea exige al Gobierno la moderación en el uso de los mecanismos de desarrollo limpio



ESPAÑA // Greenpeace valora como un serio varapalo al Gobierno la decisión de la Comisión Europea sobre el Plan Nacional de Asignación español, que da la razón a la denuncia planteada el pasado viernes, 16 de febrero, por Greenpeace y otras 27 organizaciones ecologistas y de desarrollo contra el PNA español.

El Gobierno deberá limitar drásticamente el uso que las industrias energéticas podrán hacer de los mecanismos de flexibilidad de Kioto, de forma que, de la contaminación total máxima que podrán producir, sólo podrán compensar por estos mecanismos un 20%, frente al 70% que les había concedido el Gobierno español. “Este Gobierno prefiere subvencionar las emisiones de CO2 de las empresas eléctricas y teme primar a las energías renovables” ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.

“La Comisión Europea le recuerda al Gobierno que las industrias deben reducir sus emisiones y no abusar del Mecanismo de Desarrollo Limpio”. La Comisión Europea ha decidido que el Gobierno español debe modificar el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión para el periodo 2008-2012 (PNA2) en cuatro importantes aspectos:

  • Reducir la cantidad total de derechos de emisión en 420.000 toneladas equivalentes de CO2 al año;
  • La exigencia de informar sobre los futuros proyectos de instalaciones industriales incluidos en la Directiva de Comercio de Emisiones en España.
  • Facilitar una lista completa de estas instalaciones.
  • Reducir la cantidad máxima de derechos de emisión que las instalaciones pueden conseguir a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y de Aplicación Conjunta (AC). En el borrador del PNA2 previo se permitía hasta un 70% para las instalaciones de producción de energía, y la UE sólo les permite un 20%.

La Comisión Europea también considera, en su decisión, que la asignación de derechos de emisión de forma gratuita va en beneficio de determinadas actividades, y esto supone una ventaja económica que podría afectar a las condiciones de compencia en el mercado comunitario.

Por ello la Comisión pone en duda que la ayuda concedida con arreglo al Plan Nacional de Asignación sea compatible y necesaria para la consecución del objetivo medioambiental global de la Directiva de comercio de emisiones tal y como viene explicando Greenpeace. La Comisión también recuerda que el uso de carbón produce más emisiones que el uso de gas, por ello, un trato de favor otorgado al carbón y no descarta que esto sea indebido.



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