La propuesta de orden de actualización de la retribución de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE) para 2020-2025 se reduce un 14%, mil millones de euros anuales menos en conjunto para estas tres tecnologías, pero especialmente para la cogeneración a la que recorta el 43% del total, 450 millones de euros, cuando su peso en el conjunto de la orden no llega al 18% de las tres tecnologías. La retribución regulada de la cogeneración para 2020, comparada con la de 2019, baja un 36%.
ACOGEN ha presentado alegaciones a los cambios de metodología y la actualización parcial de parámetros retributivos que incorpora la propuesta. Las buenas perspectivas de las cuentas eléctricas para este año y su evolución prevista hacen incomprensible la magnitud del recorte que los cogeneradores evaluaban por el ajuste de los mercados en unos 142 millones. Hay parámetros en la propuesta que no se basan en datos y circunstancias actuales, por lo que su ajuste a la mejor información actual disponible conduciría a que las variaciones económicas detectadas se absorban de manera gradual entre 2020 y 2025, de modo que las industrias con cogeneración puedan adaptarse en un periodo transitorio a la nueva retribución y a los planes de descarbonización.
La cogeneración es necesaria para lograr más eficiencia energética y ambiental en la industria. Aporta generación distribuida y resultados tangibles en acción por el clima. El ajuste propuesto dejaría a las industrias sin motivación para acometer inversiones hacia un modelo descarbonizado, perdiéndose la labor que realiza la cogeneración en la descarbonización de las industrias calorintensivas. La cogeneración es necesaria para lograr una visión integrada a 2030 y 2050 hacia la descarbonización de la economía, España debe desarrollar un marco la contemple en aras de una industria con muy alta eficiencia, flexibilidad en la operación y fomento del autoconsumo.
Los cambios metodológicos y la actualización parcial de parámetros retributivos de la propuesta, invalida los presupuestos anuales de las empresas cerrados hace dos meses, lo que desmorona la confianza económica de los cogeneradores con la consiguiente alarma entre multinacionales e inversores por la inseguridad jurídica y la inestabilidad que supone en la regulación en un momento tan complejo para la economía en el se necesitan soluciones razonables. Las causas del recorte son técnicas pero el resultado final se lleva por delante 450 millones de euros al no referenciarse a la última información disponible. Por ejemplo, en cuanto al mercado eléctrico, la orden se basa en datos a octubre 2019 en lugar de a diciembre, o más actuales a enero, que mejorarían los escenarios para todas las tecnologías. Además, la propuesta retributiva se ha retrasado por el largo periodo en funciones del Gobierno anterior y llega de forma extraordinaria iniciado el 2020, para su publicación urgente en febrero y con aplicación desde el 1 de enero pasado.
No se entiende la magnitud del recorte cuando las cuentas eléctricas tienen superávits y la deuda histórica se reduce. Deberían superarse los errores metodológicos y de actualización de información de base, en línea a lo regulado para eléctricas y gasísticas en sus retribuciones al transporte y distribución para las que el Gobierno recomendó prudencia financiera y progresividad, y dar igual trato a la cogeneración que da servicio a las industrias calorintensivas que compiten en el exterior y que son la base de nuestro empleo estable y de calidad.
La incertidumbre de los cogeneradores crece ante las imprevisibles consecuencias productivas, de empleo y legales que podría acarrear la orden si no se atienden las alegaciones. En lo que va de año, tras el anuncio del recorte, la producción ha caído el 9% ante la perspectiva de que muchas plantas no cubran costes y del impacto en la cadena de valor de cientos de productos. Las industrias que emplean la cogeneración confían en que el actual procedimiento legal de alegaciones en curso pueda reconducir la situación atendiendo a las carencias detectadas en la propuesta.
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