MADRID, ESPAÑA// La Ley aprobada la semana pasada en el Congreso constituye un gran error del Gobierno cuyas consecuencias se harán sentir en muchos ámbitos de la economía de nuestro país.
La discriminación hacia las energías renovables es evidente. No hay más que ver cómo el Régimen Ordinario no ha perdido ni un minuto en pasar ese nuevo coste al mercado, como se ha comprobado en la reciente subasta CESUR, y serán los consumidores quienes tendrán que asumirlo. Sin embargo, para las empresas de generación renovable ese nuevo impuesto, sobre la parte de sus ingresos que representan las primas, irá en su totalidad contra su cuenta de resultados.
Asimismo, las centrales termosolares resultan discriminadas contra todas las demás porque, además del impuesto a la generación, ven recortados sus ingresos, al dejar de recibir las primas, fijadas legalmente, una parte de su generación relacionada con el uso de gas natural como combustible de apoyo. Estas primas se calcularon en 2007 para su aplicación a la generación total de cada planta con el objetivo de que las inversiones alcanzasen la rentabilidad razonable que garantiza la Ley del Sector Eléctrico. Esas condiciones, fijadas en un Real Decreto, son las que permitieron las inversiones de empresas y fondos nacionales y extranjeros, así como la financiación de los proyectos.
El cambio de reglas de juego una vez construidas las plantas es absolutamente inadmisible en un Estado de derecho que pertenece a la Unión Europea y a la OCDE y constituye todo un atropello que conduce a las centrales existentes a una situación económica muy comprometida que tendrá consecuencias legales y financieras.
Por otra parte, además de las reclamaciones ante los más altos tribunales de nuestro país, llevará al Reino de España a las Cortes de Arbitraje Internacional, con expectativas muy probables de tener que hacer frente a grandes indemnizaciones. Esto nos posiciona como un lugar inseguro para futuras inversiones en los momentos en los que más apoyo necesitamos para nuestra economía y las consecuencias se harán notar en muchos otros ámbitos.
Finalmente, la medida contra la termosolar de la Ley cercena el desarrollo de un sector en el que España es líder internacional. Se pierde así la oportunidad de continuar generando empleo de alta cualificación y ello obligará a importantes reducciones de personal. De esta forma se debilitará la posición de nuestras empresas ante un enorme mercado emergente y se desperdiciará una oportunidad histórica irrepetible para la tecnología de nuestro país.
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