MADRID, ESPAÑA// La industria nuclear española considera que la modificación de la Orden Ministerial que permite a la central nuclear de Santa María de Garoña su operación más allá de julio 2013 (Orden IET/1453/2012 de 29 de junio) es una decisión acertada y coherente. Para la industria nuclear, el funcionamiento de las instalaciones siempre que reúnan las condiciones de seguridad, como es el caso de la central nuclear de Garoña, es una prioridad.
El dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear del pasado 17 de febrero indica que no existe ningún impedimento desde el punto de la seguridad nuclear y la protección radiológica para modificar la Orden Ministerial del 3 de julio de 2009, una vez analizada la experiencia operativa y sus resultados.
Además, los informes de las pruebas de estrés, presentados por el Consejo de Seguridad Nuclear el 22 de diciembre de 2011, confirman que Garoña cuenta con márgenes de seguridad sobre los requisitos de sus bases de diseño.
Por todo ello, la modificación de la Orden Ministerial está fundada en argumentos racionales y técnicos, y es legítimo que Garoña pueda continuar funcionando. En España las centrales nucleares no tienen limitado su periodo de funcionamiento. Desde el comienzo de la operación de una central nuclear se conceden autorizaciones de funcionamiento que se renuevan periódicamente –cada diez años de acuerdo con lo establecido en las Guías de Seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear- sin límite legal para ellas.
La electricidad producida en la central nuclear de Santa María de Garoña en 2011 equivale al 6,5% de la producción nuclear española. En total, alrededor de 1.500 familias dependen directa o indirectamente del funcionamiento de la instalación. El conjunto del impacto económico en los últimos diez años de la planta en su entorno se sitúa por encima de los 355,5 millones de euros destinados a compras, contrataciones, empleo, impuestos y tasas.
Mª Teresa Domínguez, Presidenta de Foro Nuclear, considera que “permitir que Santa María de Garoña pueda continuar su operación en condiciones de seguridad es una decisión coherente con las directrices de la política energética del Gobierno y, por tanto, hacer viable su funcionamiento debe ser una prioridad para todos”.
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