MADRID, ESPAÑA//Ante la Proposición No de Ley presentada por el grupo mixto, a instancia de un diputado del Bloque Nacionalista Galego, en la que se reclama «modificar los contenidos básicos» del Real Decreto de incentivos al carbón, Greenpeace recuerda que la única actuación que cabe es la retirada definitiva de esta normativa.
En este sentido, la organización ecologista recuerda que la nueva normativa europea prohíbe cualquier ayuda que no se centre en la reconversión o el cierre de las minas.
«En el contexto de cambio climático en el que nos movemos, los combustibles fósiles tienen los días contados y seguir subvencionando la emisión de CO2 es una temeridad» ha declarado Aida Vila, responsable de la campaña Cambio climático y Energía de Greenpeace. «Hacer caso omiso de las recomendaciones de los expertos y seguir subvencionando el carbón no solo es perder un tiempo precioso en la lucha contra el cambio climático sino que es tirar el dinero, algo inaceptable en plena crisis económica».
Greenpeace considera incoherente que la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aborde mañana este debate cuando la propuesta de Real Decreto sigue paralizada en Bruselas. La organización ecologista recuerda que la norma se ampara en un pretendido problema de garantía de suministro eléctrico para encubrir una subvención ilegal y apunta que dichos problemas de suministro son totalmente inexistentes en el sistema eléctrico español puesto que éste, según datos oficiales de Red Eléctrica de España, es excedentario y, por ello, exportador neto de electricidad. A la vista de estos datos, miembros de la Comisión Europea declararon el pasado mes de julio que era «moralmente obligatorio» esclarecer este asunto antes de dar el visto bueno al Real Decreto, dadas las alteraciones que esta normativa significaría para el mercado energético español.
La organización ecologista ya auguró las dificultades que el Real Decreto podía tener en Bruselas cuando presentó alegaciones basándose en la falsedad de los problemas de suministro a los que alude y la falta de visión estratégica del mismo porque no sólo no evitará la desaparición del sector sino que está restando fondos públicos a otras medidas que podrían garantizar el futuro del sector a la vez que combatir con éxito el cambio climático.
En este sentido, Greenpeace destaca la falta de criterio que implica aprobar más de 4.500 millones de euros en ayudas a los principales emisores de CO2 -las centrales térmicas de carbón- a cargo del consumidor final, en lugar de centrarse en promover la energía renovable y a reducir las emisiones que, según la Comisión Europea, es la forma de luchar conjuntamente contra el cambio climático y la crisis económica, por el ahorro económico y el empleo neto que generan (1). La organización ecologista recuerda, además, la gran contradicción en la que incurre el gobierno de Zapatero al aumentar las subvenciones al carbón mientras reduce las primas a las renovables, con la excusa del déficit de tarifa.
«Mantener las ayudas a la quema de carbón es incompatible con el nuevo régimen europeo pero, además, no significa apoyar al minero, cuyo futuro está en la reconversión, sino al sector empresarial que se ha enriquecido con el carbón» ha concluido Vila.
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