A finales del mes de noviembre, el Gobierno aprobó, junto con las Comunidades Autónomas (CCAA), una nueva tasa impositiva de 4 pesetas (0,02 euros) sobre los carburantes con el objetivo de financiar la Sanidad a partir del 1 de enero de 2002.
Además, las propias Comunidades podrán aplicar, según su criterio, una segunda subida de otras 4 pesetas escalonada en tres años, hecho que han rechazado la mayoría de ellas. Las protestas no se han hecho esperar.
Por una parte la oposición, que lo califica de «disparate» argumentando que la subida podría aplicarse al alcohol o al tabaco; por otra las petroleras, que afirman que se perderá un 20% de las últimas bajadas de precios; y finalmente los profesionales del transporte y los agricultores, que se quejan de sus dificultades para soportar el aumento de precio y han anunciado medidas de protesta.
En cambio, el Gobierno afirma que el incremento compensa la congelación del impuesto sobre Hidrocarburos desde el año 2000. Lo que sí es cierto es que los carburantes aumentarán un 3% y que lo deberán soportar los consumidores y la inflación.
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