El «Segundo informe sobre la cohesión económica y social de la Unión Europea», publicado en enero de 2001, informa a los ciudadanos de las distintas políticas que la Unión lleva a cabo para igualar las condiciones económicas y sociales de los estados miembros. La política energética, una de las principales, pretende lograr el mercado único energético asegurando el suministro en las mejores condiciones posibles.
Acceso a la energía a precios razonables
Los ya veteranos programas de financiación REGEN e INTERREG II han contribuido a la mejora de las redes transeuropeas de distribución energética (líneas eléctricas y gaseoductos) en Grecia, España, Portugal e Italia. Se pretendía reducir las disparidades regionales existentes, procurando el suministro a zonas periféricas e islas y consiguiendo, en teoría, la reducción de precios en estos lugares.
Asegurar la seguridad del suministro
La dependencia energética, en cambio, supone un riesgo no exclusivo del territorio europeo: subida del precio del petróleo, suspensión del suministro, inestabilidad mundial, etc. Los Fondos Estructurales se han ocupado fundamentalmente del gas natural, una de las fuentes de energía más importantes en el futuro, para garantizar el acceso a las reservas, construir centrales de gas y sustituir a la gasolina en los vehículos. Además, se ha pretendido diversificar las fuentes de energía y su procedencia, así como subvencionar la extracción de carbón en los estados miembros.
Compromiso medioambiental
Los daños ecológicos de la producción de energía impiden el desarrollo económico sostenible a largo plazo. Programas como el ALTENER (desarrollo de fuentes renovables), SAVE (eficiencia energética), PCCE (cogeneración) y el 5º Programa Marco de Investigación y Desarrollo (diversificación y ahorro), contribuyen a minimizar la incidencia en el medio ambiente.
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