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El retraso de la infraestructura eléctrica necesaria (por ejemplo, la interconexión entre Galicia y Madrid que pasa por Castilla y León) y que parece ser que se pretende utilizar como una forma de hacer efectiva una asignación inadmisible de potencias por Comunidades, y el borrador de modificación del Real Decreto 436/2004 que prepara el Ministerio de Industria para cambiar la retribución a la generación de energía en régimen especial ponen en peligro los más de 2.800 megavatios que cuentan en Castilla y León con autorización administrativa y están pendientes de ejecutarse, informa la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL).
La iniciativa gubernamental, que ha encontrado firme oposición en sindicatos, organizaciones ecologistas, empresas del sector y la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE), traería consigo la imposibilidad de cumplir con los objetivos marcados por el propio Ejecutivo en relación con la implantación de las energías alternativas y autóctonas al mix energético nacional.
Las previsiones de la Junta de Castilla y León hablan de triplicar los megavatios eólicos en funcionamiento pero, en caso de que no se cree la infraestructura necesaria, las cifras serían inalcanzables y si finalmente se aprueba el borrador en sus actuales términos, la colaboración de los promotores en la generación de infraestructuras y las inversiones necesarias en nuevos proyectos podrían verse comprometidas. El presidente de APECYL, Javier Gracia Bernal, señala que a día de hoy los proyectos existentes en la región y que ya cuentan con la autorización administrativa del Ejecutivo regional superan los 2.800 megavatios, a los que habría que añadir los más de 2.000 que ya están en funcionamiento. “Estamos hablando de una medida muy perjudicial para el sector y para toda la Comunidad. No en vano, Castilla y León es puntera incluso a niveles internacionales en todo lo concerniente a la energía eólica y vería frenada de golpe su buena evolución por una normativa que supondría la reducción de los ingresos del sector en un 30%”.
Así las cosas, “se frenaría la inversión y posiblemente se trasladarían los recursos económicos y humanos a otros mercados. No nos lo podemos permitir. Ni por criterios de economía, ni por criterios de independencia energética y menos aún por criterios de despoblación, algo que en Castilla y León nos preocupa enormemente. Corregir el posible error llevaría años. Volver a organizar la creación de empleo en fabricación y explotación y la maduración de infraestructuras y su posterior ejecución no es algo que se pueda retomar fácilmente”, enfatiza Javier Gracia Bernal.
Distribución de la potencia eólica
En estos momentos, según datos suministrados por el Ente Regional de la Energía, Castilla y León tiene instalados un total de 2.062,33 megavatios repartidos en 100 parques eólicos. La provincia líder en el sector es Burgos, que tiene 32 parques eólicos con una potencia de 659, 75 megavatios. Por detrás aparecen las provincias de Soria (598,65), Zamora (337,93), Ávila (132,13), Palencia (105,3), León (71,85), Segovia (48,52) y Salamanca (30,6). También existe un parque a caballo entre las provincias de Palencia y Burgos (49,3 megavatios) y otro entre las de Segovia y Soria (27,2). La energía eólica en funcionamiento en Castilla y León equivale a más de 100.500 árboles por lo que respecta a su función de reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. Los 2.062 megavatios totales evitan anualmente la emisión de 5,3 millones de toneladas de C02 y son el equivalente al consumo eléctrico de más de 650.000 familias de la región. Son datos que cobran aún más importancia si se tiene en cuenta que las emisiones de gases contaminantes crecieron en Castilla y León un 32% entre 1990 y 2004, más del doble de lo contemplado por el Protocolo de Kioto.
Por lo que respecta a los parques en construcción, en el territorio castellano y leonés se contabiliza un total de 16 parques, con 506,68 megavatios. Burgos cuenta con seis parques en construcción que supondrán 252,2 megavatios. Palencia también tiene seis, aunque de menor potencia (140,98). Las otras provincias que aparecen en el ranking son Soria (3 parques, 101,6 megavatios) y León (1 parque, 11,9 megavatios).
Las mayores novedades respecto a los últimos datos facilitados se centran en el apartado de parques eólicos con autorización administrativa. Durante el año pasado se produjo un importante avance en este campo hasta alcanzar los actuales 2.373,27 megavatios que actualmente han recibido la autorización por parte del Ejecutivo regional. La primera provincia en este ranking es Palencia, que cuenta con 31 parques con 518, 125 megavatios. Por detrás aparecen Burgos (24 parques, 644, 25 megavatios), León (18 parques, 487,47 megavatios), Soria (10 parques, 253, 4 megavatios), Zamora (7 parques, 191,45 megavatios), Ávila (6 parques, 128,55 megavatios), Valladolid (3 parques, 88,125 megavatios) y Salamanca (2 parques, 61,9 megavatios).
En total hay 2.373,27 megavatios con autorización administrativa, una cifra que sumada a los 506,68 que están en construcción y a los 2.062, 33 que ya están en funcionamiento supondría una potencia instalada a medio plazo en la región de 4.947,26 megavatios eólicos. Siempre y cuando, claro, el Ejecutivo central reconsidere su intención inicial cambiar las normas de juego a mitad de partido, lo que enfría el sector inversor en energía, genera una notable inseguridad jurídica incompatible con proyectos de inversión que se amortizan a largo plazo y arrastra a la Comunidad a un retraso industrial y de infraestructuras eléctricas. Lo dicho, no nos lo podemos permitir.
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