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La Unión Europea declara ilegal el impuesto al sol



Esta madrugada se ha cerrado el acuerdo de la Unión Europea sobre la nueva directiva de energías renovables para 2030, que entrará en vigor en 2021. Greenpeace celebra que por primera vez se reconoce el derecho de la ciudadanía a participar activamente en el sector energético, produciendo, vendiendo, almacenando y compartiendo energías renovables e impide que se penalice con impuestos o cargas económicas extra o con barreras administrativas gravosas. Esta nueva legislación es incompatible con el impuesto al sol y las demás barreras administrativas que los autoconsumidores sufren en España por lo que la organización ecologista urge al Gobierno y el Parlamento español a modificar la legislación nacional para adaptarla a la europea.

“La decisión de la EU de poner a las personas en el centro del sistema energético supone una victoria de la ciudadanía que ha estado presionando durante años para que esto ocurriera. Desde hoy, es más fácil liberarse del poder de las grandes eléctricas” , ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace España. “Sin embargo, no todo son buenas noticias y tendremos que seguir demandando objetivos de renovables más ambiciosos para poder luchar contra el cambio climático y conseguir que las eléctricas estén obligadas a desengancharse de los combustibles fósiles y otras falsas soluciones”.

Fin del impuesto al sol

El acuerdo entre el Parlamento Europeo y los gobiernos de los diferentes países establece el derecho de la ciudadanía, autoridades locales, pequeñas y medianas empresas y cooperativas a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, sin estar sujetas a tasas punitivas o a excesivas limitaciones. Con las nuevas reglas, de aplicación a partir de 2021, se prohíben las sanciones que algunos países introdujeron para impedir que su ciudadanía participe en la transición energética, como el impuesto al sol de España, que penaliza la producción renovable de pequeña escala para autoconsumo con elevadas tasas y obstáculos administrativos. Acabar con estas medidas era una de las exigencias centrales de Greenpeace y de la sociedad civil recogidas por el Parlamento Europeo durante las negociaciones mantenidas con los gobiernos nacionales.

Por primera vez, la legislación de la UE reconoce el papel que desempeñan las cooperativas controladas democráticamente en la transición energética, facilitando a las personas la creación de sus propios proyectos de energía renovable y protegiendolas frente a la posición dominante de las principales compañías eléctricas. Según un reciente estudio, los proyectos de las cooperativas aportan ocho veces más ingresos a la economía local que un proyecto de una gran compañía eléctrica.

“La ambición en la lucha contra el cambio climático es una decisión política y el giro de última hora en la posición de los Gobiernos de España e Italia lo ha demostrado haciendo posible algo que parecía perdido. Ahora es el momento de plasmar a nivel nacional esa ambición demostrada esta madrugada y encarrilar decididamente la transición energética hacia un sistema 100% renovable para proteger a la ciudadanía del cambio climático”, ha añadido Pizzinato.

Objetivos insuficientes y falta de garantías en bioenergía

Como contrapunto negativo, Greenpeace considera que los objetivos de aumento de la participación de las renovables en la cesta energética europea son insuficientes. El objetivo mínimo de energías renovables del 32% en 2030 se queda peligrosamente corto respecto al necesario para prevenir un cambio climático catastrófico, que debería ser de al menos 45%.

Por otro lado, tampoco se garantiza que la bionergía y boicarburantes que se usen para el cumplimiento del objetivo de renovables sean realmente sostenibles. Los negociadores han acordado mantener la aportación de biocarburantes insostenibles, como el aceite de palma que puede proceder de la deforestación. Greenpeace lamenta que las instituciones europeas hayan retrasado hasta 2030 su eliminación. Estos puntos han sido introducidos por la presión de una amplia mayoría de gobiernos nacionales que han impedido que las instituciones europeas estableciesen una normativa más ambiciosa.

Modificación de la normativa nacional

Greenpeace pide a las instituciones nacionales que aceleren las tres oportunidades que tienen para suprimir todas las barreras al autoconsumo renovable, incompatibles con la nueva norma europea así como para marcar una mayor ambición en renovables respecto a la mínima marcada por Europa:

Acelerar la tramitación parlamentaria de la Proposición de ley de Autoconsumo;
Plasmar objetivos de renovables más ambiciosos tanto en el Plan Integrado de Clima y Energía (que el Gobierno deberá entregar a Bruselas en cumplimiento de la política energética a 2030) como en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Estos deberán estar en línea con la consecución de un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable para 2050.



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