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La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético reclama a las administraciones públicas que pongan freno a la pobreza energética



MADRID, ESPAÑA// La pobreza energética es un problema que afecta cada vez a más personas en el estado español. Según datos de 2012 del INE, uno de cada cinco hogares fueron incapaces de mantener condiciones mínimas de temperatura en invierno, debido al incremento de los precios de la energía, la caída de la renta, y la mala calidad de los edificios. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético reclama de las autoridades públicas que establezcan planes para luchar contra esta situación mediante la adecuación del parque inmobiliario, el establecimiento de precios razonables de la energía y la garantía de suministro en las situaciones más desfavorecidas.

Este miércoles 22 de enero la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, con el apoyo de otras organizaciones, ha convocado concentraciones en varias ciudades, de forma que cientos de personas, arropadas con mantas y velas, como forma de visibilizar esta problemática, han denunciado la inacción de las administraciones públicas para solucionar el problema. Las concentraciones se han llevado a cabo en Córdoba, Logroño, Madrid, Zaragoza, Santander y Sevilla, y se suman a las que se llevaron a cabo la semana pasada en Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga, y a las que se llevan realizando desde octubre de 2013 en muchas ciudades y pueblos de la geografía española.

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE en 2012 daba como resultado que un 17’9 % de los hogares en España fueron incapaces de mantener una temperatura adecuada en invierno y que esa misma situación se dio en un 24’8 % de los hogares durante el verano. Las estimaciones apuntan a que durante ese mismo año se produjeron cerca de 1’4 millones de desconexiones de la red eléctrica por impago, y que como mínimo 2.300 personas mueren cada año por causas relacionadas con la pobreza energética.

Los combustibles fósiles son cada vez más caros y la baja calidad de los edificios existentes (casi el 60% fueron construidos sin ningún estándar de aislamiento) hace que las facturas no dejen de crecer. Se están haciendo esfuerzos por cambiar esta situación (Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, certificación de eficiencia energética, ayudas del IDAE, etc.) pero no son suficientes para la población que se encuentra en situación de pobreza energética o al límite de esta, puesto que las actuaciones a realizar quedan muchas veces fuera de sus posibilidades.

A este hecho hay que añadir el incremento continuado en la factura eléctrica, propiciado por una normativa que blinda los beneficios de las grandes empresas del sector en detrimento de los intereses de la ciudadanía. El déficit de tarifa pesa además como una lápida sobre los consumidores, y la única forma de acabar con este problema y estabilizar los precios es mediante una profunda reforma del sector eléctrico, que debería ir precedida de una auditoría de costes del sector, de forma que prime el interés general sobre los intereses de las principales empresas que conforman un oligopolio con gran influencia sobre el poder político y los medios de comunicación.

Las medidas de ahorro y eficiencia son tan necesarias como la sustitución progresiva de fuentes fósiles por renovables. Mientras que las primeras son contaminantes, caras, y las importamos del exterior, las segundas son más baratas, limpias, con costes predecibles, y autóctonas.

La situación va más allá de los hogares, y alcanza a muchos ayuntamientos e instituciones públicas (hospitales, colegios, universidades…), hoteles e industrias, por lo que el cambio en el modelo energético es un imperativo para salir de la crisis. La energía es imprescindible para el buen desarrollo social y económico, y el acceso a la misma debe considerarse como un servicio público, democrático y transparente, en lugar de como una forma de lucro personal.

En la misma línea, a las reclamaciones por el acceso a los servicios energéticos mínimos se ha sumado en Madrid la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y asambleas del 15M, reclamando también el acceso ciudadano al agua, como otro de los servicios básicos y esenciales que deben contar con un control ciudadano y basado en el interés general.



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